Uno de los principales accionistas de la Junta de Vigilancia de Río Hurtado es la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta (ACER), la que hace unos días estuvo en el foco de la noticia al protagonizar distintas acciones legales relacionadas a la duplicación de 600 acciones del embalse, proceso que implicó la formalización del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle, Fernando Peñafiel, por infidelidad en la custodia y desaparición de documentos públicos, además de presentación de documentos falsos en juicios en los que era parte demandada e interesado.
Por una situación similar atraviesan los regantes de Río Hurtado, quienes denuncian la anulación y duplicación de los derechos de más de 100 regantes del río, lo que se habría hecho a solicitud de una persona natural o SU abogado, indicando que las inscripciones no dan cuenta de derechos de agua, sino que darían derechos sólo en la comunidad.
El Presidente de la Junta de Vigilancia de Río Hurtado, Raimundo Pérez Zavala, señaló que “el conservador de Ovalle hace un tiempo atrás viene cometiendo una serie de irregularidades”, agregando dos causas judiciales más en su contra, como son “la querella nº 1110038064-3 de la Fiscalía de Ovalle y el juicio de nulidad rol número 13822014 del Tercer Juzgado de Ovalle, presentada por comuneros de la Junta de vigilancia de Río Hurtado. En el primero de estos casos se espera una pronta formalización, y el otro está en curso en primera instancia en el Tercer Juzgado de Letras”.
Agregó que los derechos de agua de la organización fueron conformados al alero de la Dirección General de Aguas a través de sentencias judiciales, por lo que “no me explico cómo el Conservador va contra la Dirección General de Aguas, que es la única institución en Chile facultada para otorgar derechos de agua, los que se generaron en instancias judiciales a instancias de la DGA y fueron entregados por la misma en actos públicos”.
Por su parte, el abogado asesor de la organización, Luis Urquieta Tejada, agregó que “la junta decidió que varios de los comuneros afectados presentaran una demanda pidiendo la nulidad de esas notas marginales que borraban los derechos de aprovechamiento y que se habían hecho en virtud de una minuta privada emitida en octubre de 2009 y a fines de 2014 nos enteramos que esa minuta ya no existe en el conservador, que desapareció”.
El propio Conservador fue demandado en este proceso legal como uno de los implicados en el acto ilegal, en el que se habría presentado un nuevo documento corregido.
Las medidas a tomar
Los regantes de Río Hurtado están estudiando presentar una querella criminal por fraude procesal frustrado y una querella criminal por el delito de presentación de documento falso en juicio, además de los delitos funcionarios que se pudieran haber concretado por no hacer la denuncia de desaparición de documentos en su momento.
El fraude procesal al que se alude, tiene relación con un exhorto que se intentó tramitar en el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle bajo el Rol C-84-2014, el que según explicó Urquieta no podía haber sido despachado desde el Segundo Juzgado de Letras de La Serena, pues “la resolución que lo ordenaba fue dejada sin efecto un par de meses antes y ello era conocido por quienes intentaron tramitarlo con el fin de legalizar las notas marginales, efectuadas por el Conservador de Bienes Raíces de Ovalle a solicitud de ellos mismos a fines del año 2009”.
“Hay precedentes del actuar de este grupo de personas que es recurrente, lo que es preocupante porque entendemos que más allá de las organizaciones de usuarios se está afectando la fe pública y el correcto funcionamiento de la justicia”, enfatizó Urquieta.
Agregó que ya se inició una acción civil de nulidad que busca dejar sin efecto estas notas marginales que despojan a los comuneros de sus acciones, “el problema es que el documento en que se funda nuestra demanda desapareció del Conservador de Bienes Raíces, así que no sé cómo el Tribunal va a resolver nuestra demanda si el documento que era la raíz de esto hoy no existe, y el documento que ellos presentaron no tiene ninguna validez”.
Consecuencias sobre los regantes
La Junta de Vigilancia de Río Hurtado cuenta con aproximadamente 1.510 accionistas, de los que 98% son pequeños agricultores con menos de 10 hectáreas de riego básico, por lo que “en general no tienen ninguna capacidad de defensa judicial o de ningún tipo en los juzgados de Chile y nosotros les prestamos el apoyo. Son 110 regantes que componen las comunidades afectadas, y que se están viendo directamente perjudicados con la nota marginal a través de la que se les despojó de sus derechos”, detalló Pérez.
El resto de los regantes se ve afectado indirectamente, pues están expuestos a que se repita en ellos esta situación que afecta a las 11 comunidades señaladas, además de que la duplicidad de acción implica distribuir el escaso recurso entre más acciones.
Considerando lo anterior, Pérez finalizó señalando que “nosotros haremos todo lo posible y pondremos todos los recursos legales a nuestro alcance para que este asunto se regularice y no produzca la duplicación de acciones, esperamos que los tribunales fallen conforme a derecho y considerando todas ñas irregularidades que están a la vista”.
