La Región de Coquimbo tiene una posición de privilegio para que pequeñas y medianas empresas apuesten por sistemas renovables conectados a la red, lo que les permitirá rebajar los costos y aumentar la competitividad en el mercado, posibilidad cada vez más atractiva al existir líneas de financiamiento crediticio.
En la actualidad, en la Región existen 92 proyectos conectados a la red bajo la ley de generación distribuida 20.571, que permite la generación a través de sistemas renovables – por 300 kW de capacidad máxima – para autoconsumir esa energía y entregar excedentes a la red de distribución, recibiendo un descuento en la cuenta.
En tal sentido, y en el marco de un convenio entre el Ministerio de Energía y Banco Estado, alrededor de 50 microempresarios de Ovalle, La Serena y Coquimbo, del sector agrícola, turístico y manufactura, participaron en un taller que les explicó las ventajas comparativas de la Región en términos del potencial solar para invertir (especialmente en la provincia de Limarí), las condiciones técnicas para viabilizar estos proyectos y los instrumentos financieros disponibles.
El Seremi de Energía, Alvaro Herrera, calificó de fundamental el trabajo del Ministerio de Energía, “que fomenta estos proyectos; de Banco Estado, con las distintas líneas de financiamiento; y de las empresas desarrolladoras, que generan un círculo virtuoso en beneficio de los distintos rubros que ven a la energía como uno de los costos fijos más elevados”. La autoridad agregó que la Región de Coquimbo dispone de 550 mil hectáreas para el desarrollo de energías renovables, por lo tanto, “deja la carta abierta para seguir implementando este tipo de proyectos y tecnologías”.
Jorge Jara, especialista de desarrollo de negocios transversales de Banco Estado, precisó que las modalidades de financiamiento son dos: Una empresa implementadora que entrega el proyecto llave en mano al empresario, quien se convierte en dueño de una planta y que subcontrata los servicios de operación y mantenimiento. En cambio el otro esquema es a través del llamado modelo Esco, en que el implementador asume el riesgo económico, al diseñar, construir y operar la planta, pero a través de un contrato de venta de energía de 8 a 15 años, con un diferencial de precio que asegure el pago de la inversión. Lo anterior – añadió – “se ve complementado con la contraparte o validación técnica de cada inversión por parte de la Agencia de Sostenibilidad Energética, el brazo ejecutor de la política del Ministerio de Energía”.
Para los microempresarios, la iniciativa permitió clarificar la relevancia de estos proyectos. Jaime Pizarro, agricultor de Río Hurtado, comentó que existe consenso en que los sistemas fotovoltaicos “contribuyen bastante para el sector agrícola. No se necesita grandes superficies, hay plantas que sólo necesitan 2 mil o 3 mil metros cuadrados”. Mencionó que una de las ventajas es la posibilidad de inyectar lo que no se consume a la red, lo cual es una contribución para el negocio, si se considera que “la electricidad es el tercer costo más importante” en la agricultura.
35 PROYECTOS FINANCIADOS
La línea de Banco Estado ofrece financiamiento con plazo hasta 12 años, por el 80 por ciento del valor del proyecto. Las empresas deben acreditar el perfil de Pyme (con facturación de entre 2.400 y 70 mil UF al año), entre otras consideraciones tributarias. Desde la entrada en vigencia del convenio se han financiado 35 plantas renovables en el país, con montos desde $5 millones hasta mil millones de pesos.
