La Contraloría General de la República reveló esta semana que más de 25 mil
funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia
médica, entre 2023 y 2024. Tras conocerse esta situación, el fiscal nacional Ángel
Valencia instruyó a la Fiscalía Oriente continuar con la indagatoria, que se suma a
una investigación ya en curso por licencias médicas fraudulentas
Pero ¿qué arriesgan aquellos funcionarios públicos en caso de que se
compruebe el uso de licencias médicas falsas?
El abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes, Rodrigo Guerra, explica que, si un funcionario público defrauda al
Estado en el ejercicio de su cargo, puede enfrentar penas de presidio menor en
sus grados medio a máximo.
Si el monto del perjuicio supera las 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), la
pena se eleva a presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su
grado mínimo. En casos donde la defraudación exceda las 400 UTM, la sanción
puede alcanzar el presidio mayor en sus grados mínimo a medio.
Además, Guerra advierte que la falsificación o alteración de documentos —como
licencias médicas— por parte de un funcionario también puede ser sancionada
penalmente, con penas que van desde presidio menor en su grado máximo hasta
presidio mayor en su grado mínimo, dependiendo de la gravedad del acto.
En el plano administrativo, agrega el académico, la destitución procede si los
hechos vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, en casos
como: ausentarse por más de tres días sin justificación o ser condenado por
delitos relacionados con su función pública.
