Hace algunos años fui pyme y cuando un cliente grande te impone su plazo de pago, no hay espacio para negociar, simplemente aceptas o pierdes la venta. Siete años después de la Ley de Pago a 30 Días, las pymes siguen cobrando en promedio a 44 días, según la Bolsa de Productos. Esto cobra aún más relevancia en un escenario económico complicado, donde las pymes están teniendo dificultades para acceder a la liquidez.
En agosto el Congreso prohibió los acuerdos de pago superiores a 30 días y el Gobierno lo vetó, pero creo que en este tema no se trata de prohibir o permitir. Si se prohíbe, el grande deja de comprarle a la pyme; si se permite, se legaliza la asimetría. El problema de fondo es que la ley deja en manos de las pymes exigir el pago oportuno, incluso cuando hacerlo puede significar perder a uno de sus principales clientes.
Una solución es una ley que permita que el crédito fiscal se pueda usar solo cuando la factura está pagada. Así, el atraso le costaría al que paga tarde y no a la pyme. En 2023 se presentó un proyecto (boletín 15716-03) que lo plantea, pero solo para los peores pagadores. Urge que sea regla para todos.
No todas las pymes nacen para crecer, pero definitivamente ninguna debería morir por cobrar tarde.
Cristian Sauterel, CEO de Maxxa
