Frente a las autoridades civiles, militares y vecinos de la Región de Coquimbo, el Fiscal Regional, Enrique Labarca, realizó la Cuenta Pública del año 2010, donde exhibió los resultados más importantes de la gestión.
El Fiscal Regional detalló los logros y las cifras de la gestión, enmarcada en los 4 lineamientos del Plan Estratégico de la Fiscalía de Chile, como lo son la persecución penal eficiente y con estándares de calidad; la mejora continua de la gestión administrativa; el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la potenciación en la atención a víctimas y testigos.
En el año 2010, ingresaron un total de 43.826 casos, lo que representa una disminución de un 4,2% respecto de los ingresos del año 2009.
Del total de ingresos, los delitos más violentos, como son los homicidios, los delitos sexuales, infracciones a la ley de drogas y los robos con violencia o intimidación, no alcanzan en esta región a representar el 10% de las denuncias, lo cual refleja que se mantiene una criminalidad de baja intensidad.
Dentro de los delitos que tuvieron una baja más significativa, destacan claramente la disminución de los robos en lugar habitado, lesiones leves y los delitos de daños que disminuyeron un 8% cada uno. Asimismo, los ilícitos de robos en bienes nacionales de uso público alcanzaron una disminución de un 3% respecto del año 2009.
Respecto al narcotráfico, junto con Carabineros y la Policía de Investigaciones se incautaron aproximadamente 702 kilos de marihuana elaborada, pasta base y clorhidrato de cocaína y casi 3.000 plantas de marihuana, en 783 investigaciones por este tipo de delitos.
RESULTADOS DE PERSECUCIÓN PENAL
Las formalizaciones crecieron un 385%, y las causas terminadas aumentaron un 189%, dentro de las cuales destaca el aumento en la cantidad de relaciones terminadas por sentencias definitivas condenatorias, en un 328%. Los juicios orales aumentaron en 1.054, es decir un 150% más que los realizados en el año 2009, cifra que se explica, entre otras razones, por las adecuaciones que debieron realizar los Tribunales Orales de la Región para cubrir la cantidad de juicios pendientes.
En tanto, 9.300 imputados fueron sometidos a control de detención; se realizaron casi 3.800 formalizaciones por crímenes y simples delitos, se presentaron más de 1.900 acusaciones, se generaron aproximadamente 9.400 requerimientos simplificados y monitorios por faltas y simples delitos, y se decretaron más de 600 prisiones preventivas.
Por otra parte, se mantuvo un alto porcentaje de términos de causas, que alcanzó un 101,4%, considerando el stock de casos ingresados, independiente del año de ingreso.
Como contrapartida del constante aumento de la judicialización, se presenta una tendencia permanente a la baja de los archivos provisionales, alcanzando solo un 45%, lo que representan más de 1.500 archivos provisionales menos que en el año 2009.
Mención especial requieren los delitos de violencia intrafamiliar, que se encuentran dentro de los delitos prioritarios en el Plan Estratégico Institucional. Durante el año 2010 se registraron más de 670 relaciones terminadas por sentencia definitiva condenatoria, lo que representa un fuerte aumento del 70% respecto del año 2009. A nivel agregado, los términos judiciales en esta categoría de delitos alcanzaron las 3.535 relaciones, lo que representa un aumento de casi un 30% respecto del periodo anterior.
NECESIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Junto con destacar el crecimiento en infraestructura, participación de funcionarios regionales en capacitaciones, diseños de sistemas de control internos, la creación de la Unidad de Corte y el apoyo de fiscales locales en las zonas devastadas por el terremoto del 27 de febrero, el Fiscal Regional, Enrique Labarca, dijo que a la luz de los resultados, se hace necesario que se “pueda materializar una ley que aumente la dotación de personal y fiscales adjuntos para abordar adecuadamente las siempre crecientes y sostenidas cargas de trabajo”.
Así también, el persecutor indicó que se ha asumido permanentemente otros nuevos desafíos, como la ley que modificó la competencia de los Tribunales Militares, traspasando la investigación de delitos de competencia de esa Justicia al Ministerio Público. “En el mismo sentido, debemos considerar la necesidad de contar con una Fiscalía de Casos de Alta Complejidad, entre los cuales se encuentran los de corrupción y lavado de dinero”, puntualizó Labarca.
