CGE, compañía de distribución eléctrica, y ALTO continúan reforzando las acciones legales destinadas a identificar y perseguir penalmente a los responsables del hurto de energía eléctrica, con resultados que ya se reflejan en sentencias judiciales.
Según datos de CGE, entre 2025 y 2026 se han presentado 2.543 denuncias por hurto de energía a nivel nacional (2.264 en 2025 y 279 en 2026), concentradas principalmente en las regiones del Maule, O’Higgins y Metropolitana.
Le siguen el Biobío, la Araucanía y Coquimbo. Frente a este escenario, ALTO -en representación de CGE- ha desplegado una estrategia de persecución penal que se ha traducido en 1.106 querellas a nivel nacional: 645 presentadas en 2025 y 461 en 2026. Esto ha permitido obtener condenas por este delito en distintos tribunales del país.
A nivel comunal, el ranking lo encabezan Curicó, Talca, Rancagua, San Bernardo y Coquimbo, seguidas por Chañaral, Puente Alto, Antofagasta, La Serena y Chillán. Estas denuncias han permitido que, a la fecha, 171 personas hayan sido identificadas e imputadas por este delito, abriendo causas penales para perseguir responsabilidades. De estas, hay 92 causas vigentes, mientras que otras 68 han terminado con condenas o salidas alternativas.
Entre los resultados judiciales, el Juzgado de Garantía de Chillán condenó a 61 días de pena y multa de 3 UTM; el Juzgado de Garantía de Pitrufquén, a 41 días de prisión y multa de 1/3 de UTM; y el Juzgado de Garantía de Iquique, a 61 días y multa de 1 UTM. En los tres casos, la forma de cumplimiento es la remisión condicional de la pena por un año.
Ernesto Peñafiel, director de Servicios Jurídicos de CGE, valoró los avances logrados y afirmó que “contar hoy con condenas en distintas regiones del país confirma que la vía judicial es el camino correcto. El hurto de energía pone en riesgo la continuidad y la seguridad del suministro de miles de clientes que cumplen con sus pagos, y por eso seguiremos trabajando junto a ALTO para proteger nuestras redes y perseguir cada caso”.
María de los Ángeles Kassis, Country Manager de ALTO, destacó que “las condenas obtenidas en Chillán, Pitrufquén e Iquique son una señal concreta de que la estrategia legal está dando frutos. Con 1.106 querellas presentadas entre 2025 y 2026, el trabajo sostenido con CGE se traduce en sentencias y en un mensaje claro para quienes intervienen la red eléctrica”.
En esa línea, la ejecutiva agregó que “la seguridad de las personas está en juego: una conexión irregular puede derivar en incendios o electrocuciones, y su costo termina afectando a todos los usuarios. Por eso es clave que la comunidad siga denunciando; las 2.543 denuncias registradas muestran ese compromiso, y nosotros lo vamos a respaldar con acciones judiciales”.
Kassis explicó que el desafío ahora es mantener y ampliar estos resultados: “cada causa requiere antecedentes sólidos y un seguimiento riguroso hasta el fallo. Vamos a seguir fortaleciendo los protocolos de investigación junto a CGE para que más casos lleguen a sentencia”.
ALTO trabaja junto a CGE en la identificación, documentación y judicialización de los casos de hurto de energía, aportando protocolos de investigación y acompañamiento legal para llevar cada causa ante los tribunales con la evidencia necesaria.
