Patricio Pereira Loyola

Pandemia y procedimientos civiles

La emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 llevó a establecer en nuestro país un régimen jurídico de excepción para procesos, audiencias, actuaciones y plazos judiciales, de acuerdo a la ley 21.226 publicada en el Diario Oficial. Esto es un avance significativo para quienes litigamos, pues la implementación de la comparecencia a través de plataformas remotas ante órganos jurisdiccionales modernizó sustancialmente la forma de representar a nuestros patrocinados en las audiencias, inclusive, en los alegatos efectuados en los Tribunales Superiores de Justicia.

Sin embargo, este cambio también trajo consecuencias negativas como, por ejemplo, su incidencia en materia civil, específicamente lo dispuesto en el artículo 6° de la ley que establece suspender los términos probatorios hasta 10 días hábiles después de haber finalizado el estado excepción constitucional de catástrofe, lo que dado al contexto actual se ha prorrogado en más de una ocasión, provocando una antinomia de derechos fundamentales. Por una parte, esta ley busca proteger la salud de todos los intervinientes en un conflicto judicial, pero por otra, deniega la aplicación de justicia, considerando que la etapa procesal más relevante en un juicio es precisamente la fase probatoria, en la cual las partes rinden los medios de prueba para acreditar sus pretensiones ante el tribunal de la instancia.

Hoy la situación es crítica, ya que se está viendo vulnerada la garantía constitucional del debido proceso y el acceso a la tutela judicial efectiva, pues un juicio paralizado tendrá como efecto inminente un retraso en la resolución de la controversia, y lo extenso que esta pueda llegar a ser, se traduce en justicia tardía, lo que transgrede los derechos y garantías fundamentales de quienes recurren a los Tribunales Civiles al no tener respuesta de lo demandado en un plazo razonable.

Entendemos que este es un problema de técnica legislativa y esperamos que los proyectos que se están tramitando en el Congreso puedan solucionar estas dificultades, a través de una normativa legal con miras a satisfacer las necesidades reales de los justiciables e implementar una mejor administración del poder judicial, que permita descomprimir toda la carga de trabajo acumulada durante estos meses de contingencia sanitaria.

Por: Patricio Pereira Docente Escuela de Derecho Universidad de Las Américas UDLA

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