En distintos entornos sociales, rurales y urbanos, se escucha con frecuencia la
especulación de que, para acceder a beneficios sociales, es necesario mentir o falsear
datos; de lo contrario, sencillamente “no se accede a nada” o se pierden las garantías. En
este contexto, surge una pregunta incómoda: ¿Es real que en Chile prima el dicho “hecha
la ley, hecha la trampa”? ¿Realmente debemos deshacernos de quienes somos y cómo
somos para poder obtener beneficios estatales? ¿Qué hay, entonces, en la base de esta
conducta? ¿Qué es lo que no estamos viendo?
Se observa, por ejemplo, que muchas parejas deciden no casarse o no formalizar vínculos
para mantener el estatus de “madre soltera” u “hogar unipersonal”. De este modo, se
ubican en una categoría que les permite obtener ciertos puntajes que los favorecen para
acceder a determinadas garantías, y ello también se traduce en beneficios para sus hijos e
hijas. Pero ello no significa necesariamente que el hogar tenga esas características en la
vida real; por el contrario, muchas veces tiene otra configuración, que, de ser revelada,
implica el riesgo de perder esas garantías. Esta práctica se cronifica aún más cuando
incluso un profesional del área social recomienda no dar cuenta de la realidad, por temor
a la pérdida de beneficios. Como resultado, la tasa de matrimonios formales baja, pero no
necesariamente por razones ideológicas ni por rechazo a la institución, sino por incentivos
que median entre la formalidad y la supervivencia. Sin embargo, a partir de estos mismos
datos se toman decisiones de política, y así nos seguimos engañando entre sí.
Asimismo, se registran casos en los que algunas personas se divorcian sin asumir
responsabilidades económicas efectivas, evitan pagar la pensión de alimentos y, de este
modo, acceden a fondos de AFP que se distribuyen y utilizan dentro de una familia que, en
la práctica, sigue funcionando como tal, aunque aparentemente esté divorciada. También
existen quienes transfieren sus bienes a familiares o amigos para bajar el puntaje o el
patrimonio declarado; o bien ocultan ingresos complementarios —trabajo freelance,
rentas de vivienda— en el Registro Social de Hogares o en otros formularios de
postulación.
El esfuerzo del Estado, expresado en el diseño e implementación de políticas sociales que
proveen bienes y servicios a personas sin capacidad económica para acceder a ellos, no
debería implicar que la información necesaria para acceder a dichos beneficios se
construya a través de la omisión o el falseo de datos. Si esto ocurre, es evidente que algo
no se está diseñando ni implementando correctamente, y que, en consecuencia, los
beneficios dejan de llegar a quienes realmente los necesitan. Desde allí resulta imperativo
comenzar a visualizar lo que está por debajo de esta lógica: una gran brecha entre el
diseño de las políticas y la lectura reflexiva de la realidad social. No se está considerando
adecuadamente el entramado social, su contexto ni la diversidad de configuraciones
familiares. Por eso, el acceso a beneficios termina estando condicionado a una
determinada tipología familiar, en vez de a la complejidad de variables que permitirían un
acceso más justo e inclusivo.
Es por lo que se hace necesario migrar de un modelo que vigila y fiscaliza el dato hacia
otro que rediseñe políticas con foco en la diversidad. Se trata de flexibilizar, no de rigidizar
los sistemas, de manera de recuperar la confianza de las personas en la gestión de
programas y proyectos sociales. La verificación del dato no puede dejarse de lado, pero
debe ir acompañada de la invitación a la estabilidad y la corresponsabilidad de la persona
y la familia, no a la negación recíproca. Es decir, se debe acompañar a las familias en sus
procesos, ajustar las reglas según la realidad cambiante y no castigarlas por no encajar en
moldes obsoletos.
La vida no es blanca ni negra, existen matices, grises y tonalidades. Esa gama de colores
también debería ser visible en el acceso a beneficios sociales, más allá de categorías
rígidas como “soltero/a”, “casado/a” o “divorciado/a”. No se trata de sostener que todos
hacemos trampa, sino de reconocer que muchas personas se ven empujadas a tomar
decisiones que, en el plano formal, distorsionan la verdad, con el fin de asegurar una
mejor calidad de vida que, por sí misma, no podrían alcanzar.
Por: Carmen Lamilla Almuna, directora de Trabajo Social Advance de la UNAB.
