Postes sobrecargados, redes abandonadas y extensas madejas forman parte del paisaje de numerosas ciudades chilenas. Aunque existe una normativa destinada a retirar los tendidos en desuso, su presencia continúa siendo habitual en calles y espacios públicos.
Más allá del impacto visual, la permanencia de estas instalaciones abre interrogantes sobre sus efectosen la seguridad, la infraestructura urbana y las responsabilidades asociadas a su retiro.
Albert Tidy, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de los Andes (Uandes), advierte sobre la magnitud del fenómeno. “Este vertedero elevado de cables contamina y degrada el espacio público. Un dato interesante es que el 70% de estos cables está en desuso”, sostiene.
Una alternativa es llevar las conexiones bajo tierra, solución que el arquitecto considera más segura y estética, aunque considerablemente más costosa. Esa diferencia económica ayuda a explicar por qué todavía se opta por instalaciones aéreas.
Con el paso del tiempo, especialmente en telecomunicaciones, parte de esas redes queda obsoleta sin ser desmontada. Tidy señala que esta acumulación termina interfiriendo con los edificios, ensuciando el entorno e incluso proyectando sombras en lugares no deseados.
¿Por qué es tan difícil avanzar en su retiro?
Pilar Giménez, directora del Centro de Estudios Territoriales (CET) de la Universidad de los Andes, explica que la aplicación de la Ley 21.172, conocida como “Chao Cables”, ha resultado “cara y lenta”. Frente a ese escenario, propone priorizar sectores de alto valor patrimonial y avanzar mediante recursos público-privados.
La especialista advierte, además, que el exceso de peso sobre los postes incrementa el riesgo de caídas, lo que puede afectar la continuidad de servicios básicos y poner en peligro a peatones y vehículos.
Para nuevos loteos y desarrollos, Giménez plantea crear incentivos normativos que permitan incorporar el soterramiento desde la planificación, evitando que el problema continúe extendiéndose hacia zonas en crecimiento.
Respecto de las responsabilidades, precisa que “la instalación, mantención y retiro de la infraestructura en desuso corresponde legal y operativamente a las empresas de telecomunicaciones y distribuidoras eléctricas”. Los municipios, en cambio, deben fiscalizar y ordenar el espacio público, aunque muchas veces no cuentan con recursos presupuestarios suficientes para cumplir plenamente ese rol.
El fenómeno tampoco estaría vinculado exclusivamente al nivel de desarrollo de un país. Ambos académicos de la Uandes mencionan que ciudades como Tokio también enfrentan esta problemática, mostrando que el cableado aéreo constituye un desafío presente incluso en grandes centros urbanos.
