SANTIAGO, Chile, mar. 30 (UPI) — El Servicio Médico Legal ordenó la realización de un sumario administrativo para establecer las razones para enviar en bus, vía encomienda, desde Rancagua a la capital los restos óseos pertenecientes a la pequeña Juana Rafaela Carey Moring, de 3 años, encontrados hace una semana en Pichilemu.
Así lo informó pasado el mediodía de este martes el director nacional del organismo forense, Patricio Bustos, junto con señalar que lo ocurrido es una “situación lamentable”, que no debiera haber sucedido.
Seguidamente, recalcó que desde el 27 de febrero, tras el terremoto y tsunami ocurridos en la zona central, se instaló una red forense para la tarea identificación de los cadáveres. Es en ese contexto que y hoy al tener conocimiento del despacho de los restos de la menor se resolvió la realización de “un sumario administrativo para analizar todo el procedimiento a fin de determinar si hubo alguna falta o irregularidad”.
Recalcó que el SML nombró al abogado de la institución, Hernán Rojas, para que viaje de inmediato a Rancagua con la finalidad de recopilar todos los antecedentes sobre el traslado del los restos de la niña, los cuales desde anoche ya se encuentran en la sede forense de Santiago.
Bustos recordó que su entidad cuenta 50 vehículos en 38 sedes del país para el traslado de los cadáveres de personas fallecidas en accidentes, crímenes y otras circunstancias.
Sobre los traslados en buses, manifestó que “desde 1998 nosotros tenemos autorización explícita de la seremi de Salud de la Región Metropolitana para el traslado, desde y hacia Santiago, ya que el cumplimento del código sanitario autorizaba el traslado de restos óseos, sanguíneos, disecados no contaminantes y otros elementos culturales que pudieran estar vinculados a casos de derechos humanos, y ese criterio ha sido extensivo a otras situaciones y nunca el SML va a exponer tampoco la salud de la población si se cumple el código sanitario”.
“En este caso se debe establecer si era el mecanismo adecuado, por eso la situación será investigada por el fiscal del SML, quien deberá determinar si se actuó correctamente o no”, dijo Bustos.
Cabe resaltar que los restos de Juana Rafaela se encontraron hace una semana en la orilla de una playa en Pichilemu. Se pudieron identificar a raíz del informe emitido por el Laboratorio de Criminalística de la PDI, que incluyó una muestra de ADN del padre de la pequeña, el abogado Guillermo Carey Claro.
La niña había desaparecido junto a su hermano León, de un año, la madrugada del 27 de febrero, tras el terremoto y maremoto. Ellos se encontraban juanto a su familia en la playa de Tanumé, a 20 kilómetros de Pichilemu. Los restos mortales podrían ser entregados hoy a la familia.
En tanto, el Ministerio Público local indaga lo ocurrido y su resultado lo enviará a la fiscal especial Solange Huerta que indaga los delitos derivados del terremoto y posterior tsunami.
