El estallido social de 2019 es un hito crucial en la historia sociopolítica Chile, al poner en primer plano las necesidades y demandas de las poblaciones en exclusión social. Al estallido, se sumó la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia, que ha relevado las numerosas formas de pobreza y vulnerabilidad que han impactado directamente en la contención del COVID-19: hacinamiento, masificación del empleo informal y precario, prevalencia de enfermedades asociadas al consumo de alimentos baratos y nocivos para la salud, entre otras.
La pandemia demostró que logros en apariencia consolidados escondían una vulnerabilidad demasiado grande como para volver a ocultarla. La pobreza está lejos de ser un problema superado en Chile, de hecho, ha aumentado. Y existe una suerte de “lógica de la postergación” de los grupos más pobres y vulnerables, a quienes no se les hace partícipes de la solución de sus problemas. No se les pregunta, no se les oye, no se les considera.
Una convivencia social armónica requiere reducir las enormes brechas entre los estratos más privilegiados y los más desventajados, lo cual requiere que los grupos especialmente vulnerables descritos en el documento “Constitución y Pobreza”, que redactamos 9 organizaciones de la sociedad civil –Techo-Chile y Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, Emplea, Súmate, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Comunidad Jesuita de Tirúa y Hogar de Cristo– y que presentamos ayer a la Asamblea Constituyente, sean parte de las discusiones en pos de la Nueva Constitución, y puedan ocupar un lugar dentro de esta nueva carta magna.
Para alcanzar la inclusión plena y efectiva de las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión se requieren cambios sociales en distintos niveles y con diferentes grados de profundidad, consagrando el reconocimiento de las personas como titulares de derechos en relación a recursos imprescindibles. Proponemos además reconocer el derecho a prestaciones específicas de determinadas poblaciones vulnerables, como el acceso a terapias de rehabilitación en el caso de las personas en situación de discapacidad, o el de servicios de largo plazo en el de las personas mayores y de las que viven en situación de calle. Esta protección, nuevamente, debe considerar un mandato específico al Estado: ser garante de principios como la dignidad y la justicia social. Esperamos que así sea
Por Paulo Egenau, director social nacional del Hogar de Cristo
